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Despenalización del aborto en Chile: El 21 de abril culminarán las audiencias en la Cámara de Diputados para después votarse en el pleno

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La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados de Chile acordó este miércoles que realizará siete audiencias a partir de marzo para escuchar los argumentos de 34 especialistas a favor y en contra de la despenalización del aborto, en un proceso que culminará el 21 de abril, después de lo cual se emitirá un dictamen para someterlo a votación en sesión plenaria.

De acuerdo con la propuesta presentada por Maité Orsini Pascal, presidenta de la Comisión, la iniciativa que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación será discutida en dos audiencias con ocho académicos, otras dos con ocho científicos y tres más con 18 representantes de la sociedad civil.

Los encuentros se realizarán el 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, pero después se interrumpirán debido a los comicios del 11 de abril, en los que se elegirá a 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución, además de 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales.

La Comisión retomará las audiencias informativas el 14 de abril y las terminará el 21, aunque quedó abierta la posibilidad de que el número de expositores aumente, en caso de ser necesario, ante el interés que la discusión despierte en la ciudadanía.

En medio del diálogo que la Comisión sostenía para establecer una agenda de trabajo, la diputada Francesca Muñoz aprovechó para subrayar su total negativa a la propuesta.

“Lamento que se haya puesto en tablas este proyecto que permite aborto libre hasta la semana 14, espero que se rechace en todas sus instancias”, afirmó al repetir uno de los eslóganes más usados por los detractores (“aborto libre”), aunque no es eso lo que propone la iniciativa.

Despenalización no es legalización

El proyecto en Chile implica cambios en el Código Penal, ya que hasta ahora el aborto solo está despenalizado si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal.

Son las tres causales que el movimiento de mujeres conquistó en 2017, ya que hasta entonces Chile seguía siendo uno de los escasos países de América Latina que penalizaba por completo el aborto. Sin embargo, esta norma sigue limitando los derechos de las mujeres.

El Artículo 342 del Código Penal de Chile advierte que quien “maliciosamente” cause un aborto será castigado “con pena de presidio mayor en su grado mínimo”, si ejerciera violencia en la persona de la mujer embarazada; con la de “presidio menor en su grado máximo”, si, aunque no la ejerza, obre sin consentimiento de la mujer; y con la de “presidio menor en su grado medio“, si la mujer consiente la interrupción.

“Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor”, añade el Artículo 343, en tanto que el 344 establece que la mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, cause su aborto o consienta que otra persona se lo practique, será castigada con presidio menor en su grado máximo.

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio“, agrega. Finalmente, el Artículo 345 advierte que “el facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el Artículo 342, aumentadas en un grado”.

El proyecto que discute la Comisión de Mujeres y Equidad de Género propone modificar la redacción de estos artículos, para agregar que las penalizaciones solo rigen en caso de que el aborto se realice “después de las 14 semanas de gestación”.

En ninguna parte se habla de aborto libre“, como quieren hacer creer los detractores del proyecto, ni de aborto legal, seguro y gratuito, ya que solo propone la despenalización, es decir, dejar de criminalizar a las mujeres. Este paso no implica la legalización, que obligaría al Estado a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que sí es el modelo que aprobó el Senado de Argentina el pasado 30 de diciembre, y que ya regía en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay.

Un “no” rotundo

La ministra de Mujeres y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, participó en la sesión de este miércoles para ratificar que el gobierno del presidente Sebastián Piñera de ninguna manera está de acuerdo con la despenalización.

“Pero si bien nuestro gobierno no pretende impulsar este proyecto, reconocemos que no hay temas tabú. La posición del gobierno es por todas conocida: va a proteger la vida siempre, desde la concepción”, dijo, aunque es una incógnita el peso que puede tener Piñera en la discusión cuando está en la recta final de su mandato, debilitado políticamente por el estallido social de 2019 y con una popularidad que no alcanza el 20 %.

“Esa posición y sus fundamentos ha sido puesta a disposición reiteradamente ante la ciudadanía, con transparencia, ha sido invariable. Es una materia de trascendencia que excede políticas de salud, civiles o sanciones penales. Se sustenta en consideraciones éticas, jurídicas y de reconocimiento al valor absoluto de la vida”, puntualizó.

Para justificar el rechazo, la funcionaria expuso cifras que, según ella, demuestran que la reforma de 2017 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales es más que suficiente.

Desde entonces, afirmó, se han practicado 1.803 abortos: 572 por peligro de vida de la madre, 874 por inviabilidad del feto y 367 por violación.

Por último, agregó que la mortalidad materna se ha reducido en Chile, ya que entre 2001 y 2007 este indicador pasó de 32 a 13 por cada 100.000 nacidos vivos, lo que representa una tasa por debajo del promedio de América Latina e incluso de EE.UU. y otros países desarrollados. Con respecto al embarazo adolescente, advirtió que disminuyó el 70 % en las últimas dos décadas.

Cecilia González

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