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Las FARC afirman que mataron a un importante líder colombiano en 1995 y desatan la polémica: ¿confesión o encubrimiento?

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“Reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”, dijeron miembros de la extinta guerrilla, hoy convertida en partido político.

Antiguos miembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidas en partido político tras los acuerdos de paz del 2016, afirmaron que habrían sido responsables del homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, y se desató la polémica. Para algunos dirigentes, los insurgentes retirados intentan encubrir al expresidente Ernesto Samper, apuntado por familiares de la víctima como sospechoso del crimen.

El nuevo capítulo del caso que conmocionó a la sociedad colombiana en los 90 inició este sábado, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que recibió una carta por parte del antiguo Secretariado del grupo insurgente, en la cual asumían la autoría de seis asesinatos. Entre aquellos dirigentes ultimados, incluyendo a exguerrilleros disidentes, se destaca el nombre de Hurtado, atacado en la mañana del 2 de noviembre en Bogotá, cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda. 

Por esos días, aquel catedrático se posicionaba como uno de los principales referentes de la oposición, mientras el país era gobernado por Samper (1994-1998), del Partido Liberal Colombiano (PLC), uno de los frentes de centro izquierda más tradicionales. A raíz de esta muerte, muchos sostuvieron que el ataque tuvo motivaciones políticas por parte del Gobierno, y lo han llegado a calificar como un crimen de Estado, aunque la Justicia local jamás resolvió el caso y esa teoría no se pudo comprobar. 

La aparente confesión

Ahora, a pocos días de cumplirse 25 años del homicidio, el frente político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) lanzó un comunicado con la aparente confesión de los guerrilleros inactivos: “Reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”.

La decisión de hacer pública la posible autoría del crimen habría surgido “tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas”, se lee en el texto. Pero también se genera luego de que la exsenadora Piedad Córdoba —cuyo equipo de seguridad fue disparado en las últimas horas— dijera públicamente que entregaría evidencias por este caso. 

A su vez, en el escrito prometieron que explicarán ante la JEP y la Comisión de la Verdad por qué Hurtado era considerado “un objetivo militar y un enemigo de clase”, junto a los motivos por los cuales decidieron mantenerse en silencio tanto tiempo. “Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de su talla”, añadieron. Incluso expresaron que leyeron sus biografías: “Hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental”, acotaron, en una aparente muestra de arrepentimiento. 

Para concluir, pidieron “perdón a la familia, amigos, copartidarios y al país entero”. Y cerraron: “La guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro, para dividirla en amigos y enemigos. Hoy sabemos que nuestros adversarios en la guerra, pueden ser nuestros aliados en la paz”. Estas palabras llevan las firmas de conocidos miembros de la FARC, como el presidente del partido, Rodrigo Londoño Echeverry.

Por qué genera dudas esta declaración

Las expresiones de la extinta guerrilla no estaban previstas, porque la investigación oficial siempre se basó en dos hipótesis: que el crimen estuvo ligado al narcotráfico o al Ejército, pero nunca al movimiento insurgente. El fondo de la cuestión radica en que, suponiendo que las FARC estén involucradas en el asesinato de Hurtado, se pondría en duda la competencia de la Justicia ordinaria para continuar la investigación. 

Esto, a partir de que se creara la ya mencionada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo fundado por el pacto del 2016 para administrar “justicia transicional” por delitos cometidos entre la guerrilla y fuerzas públicas. Es decir, si el asesinato se enmarca en este histórico enfrentamiento armado, ¿qué dependencia lo debe resolver? Por lo pronto, desde la Fiscalía sostienen que, en todos estos años, no se encontraron evidencias sobre la participación de las FARC en el crimen, y no pretenden abandonar su actuación en el caso. 

Así, la presunta confesión guerrillera causó mucho malestar en la familia de Hurtado, y sus parientes sostienen que todo sería parte de una jugada para desviar la atención y encubrir al exmandatario: “Están tratando de llevar el caso a la JEP para echarle la culpa a algún guerrillero muerto o vivo, que se le arrebate la investigación a la Fiscalía y que se convierta en cosa juzgada”, sostuvo su hijo, Mauricio Gómez. “Es una treta de Piedad Córdoba para beneficiar a su amigo Ernesto Samper”, agregó.

Para el presidente, Iván Duque, el pronunciamiento de FARC “no deja de generar dudas, sospechas y preocupaciones”. Y arremetió: “Ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel”. Incluso el legislador de izquierda Gustavo Bolívar cuestionó esta situación: “Soy defensor del acuerdo de paz. He recibido con beneplácito la presencia de las FARC en el Congreso. Los defiendo y los defenderé de la bancada que no entiende sus curules. Pero en su autoría en el asesinato de Álvaro Gómez, tengo mis dudas. Tenía que decirlo y lo dije”. 

En contrapartida, el expresidente Samper, quien a lo largo de su carrera fue señalado como posible instigador del homicidio, lanzó un pronunciamiento apenas conoció la noticia: “Estamos sorprendidos”, sostuvo. Además, el dirigente apoyó la idea de que la JEP investigue los acontecimientos y afirmó que en los últimos años fue víctima de “insultos y calumnias de la familia de Álvaro Gómez, movidos por mezquinos intereses económicos”. Y finalizó: “También hemos sido víctimas del silencio de las FARC”

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Con ese marco de suspicacias, otro posible escenario sería que la JEP investigue a los exguerrilleros y la Fiscalía prosiga con su indagación sobre personas no combatientes, aunque las autoridades aún no se pronunciaron al respecto. Por su parte, la Justicia tradicional sigue reconociendo su competencia en el caso y este viernes la fiscal Elba Beatriz Silva citó a declarar a varias personas, como la exsenadora Córdoba, el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón y capos del narcotráfico extraditados a EE.UU. Antes, en 2019, el expediente ya había sido tipificado como un delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe.

Así, mientras algunos ven la posibilidad de que haya dos investigaciones independientes, la prensa colombiana ya habla de un “tsunami judicial”, mientras la sociedad todavía se pregunta quién mató a Álvaro Gómez Hurtado.

Leandro Lutzky

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